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Vista del tramo de la calle Ramón y Cajal en la confluencia con la calle del Castillo.

Hace 108 años se perpetraba un grave atentado, de los muchos que vendrían posteriormente a lo largo de las décadas del siglo XX, contra el patrimonio histórico eldense.

Corría la primavera de 1910, y gobernaba la alcaldía de Elda, por primera vez, José Joaquín González Payá, destacado prohombre del Partido Conservador, hijo del que también fuera alcalde José J. González Amat. En el pleno del 26 de abril de 1910 se decidió borrar los nombres populares de varias calles eldenses del casco antiguo de la ciudad que, desde tiempo inmemorial, habían recibido de forma espontánea, y su sustitución por otro más acorde a los tiempos modernos que se vivían y a los intereses ideológicos o políticos del político de turno.

Dibujo de la calle Ramón y Cajal (Alborada, 1980)

Así, los tradicionales nombres de las calles Pistola, Estralazo, Cañamona y Las Moreras desaparecieron del callejero eldense, siendo rebautizadas e intituladas como de Ramón y Cajal, Espoz y Mina, General Castaños y Francos Rodríguez, respectivamente.

Aquella decisión legal y legítima, pero con una tremenda falta de respeto hacia el legado histórico y patrimonio cultural de la ciudad, supuso una grave agresión, quizás, contra el patrimonio más débil de todos: la toponimia, en este caso, la urbana. Nombres apolíticos y sin ideología; nombres populares, dados por el paso del tiempo, nacidos quizás de sucesos curiosos, escabrosos, e incluso, trágicos. Pero que responden a la más pura manera de llamar las cosas: lo popular.

Aquella decisión de hoy hace 108 años, fue el inicio de un rosario de agresiones y “atentados” contra nuestro patrimonio, de mayor o menor tamaño, de mayor o menor envergadura, que perpetrado desde instancias oficiales abrió las puertas a la agresión a gran escala que durante décadas sufrió el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad.

Rótulo de la calle Ramón y Cajal.