Atentado anarquista en Elda

Los graves acontecimientos acaecidos en Elda en diciembre de 1933  fueron precedidos por meses convulsos en los que la tensión política y sindical iba in crescendo. Huelgas, explosiones e incluso tiroteos con las fuerzas del orden estaban a la orden del día en las calles de una Elda cada vez más agitada por la movilización obrera de corte anarcosindicalista.

Uno de aquellos episodios tuvo lugar un miércoles 10 de mayo de 1933 durante la celebración del entierro de un conocido comerciante de la localidad. Ante la previsión de posibles disturbios el gobernador civil ordenó la concentración de fuerzas del orden en Elda para prevenir incidentes.

Tras la celebración del oficio religioso en la iglesia de Santa Ana, el cortejo fúnebre emprendió la marcha hacia el cementerio municipal. Al paso del entierro por la calle Pablo Guarinos (act. Pedrito Rico) la Guardia Civil se dispuso en una de la aceras para no impedir el tránsito del coche de caballos, sacerdotes, familia y amigos que conformaban el cortejo fúnebre.

Desde la acera opuesta, cuatro individuos arrojaron sendas bombas contra los miembros del benemérito cuerpo, con tan mala puntería que los explosivos no llegaron a su destino,  cayendo en medio de la calle y haciendo explosión entre el gentío despavorido. Milagrosamente, y a pesar de los heridos, no hubo víctimas mortales; siendo los más graves el sargento de la Guardia Civil y un chaval de 14 años.

La gran confusión reinante impidió a las fuerzas del orden detener en el momento a los agresores, que se dieron a la fuga. Días más tarde y tras las oportunas investigaciones, fueron detenidos como presuntos autores materiales del atentado Eduardo Busquier, Manuel González y Manuel Bellot Orgilés, quién durante la Guerra Civil, llegará a ostentar la alcaldía de Elda entre 1936 y 1938.

Aquellos hechos acaecidos en Elda en mayo de 1933, junto con los de otros puntos de España, fueron considerados “hechos de guerra” por decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre de 1933, bajo el primer gobierno radical de Alejandro Lerroux. Consideración legal que se derivó en su instrucción judicial por parte de un consejo militar.

Por la actuación en aquel suceso, al alférez Víctor Carbonell García, le fue concedida la Cruz del Mérito Militar de color rojo.

Los tres detenidos fueron juzgados el 14 de mayo de 1934 por un juzgado civil. La defensa de los eldenses corrió a cargo de Benito Pabón y Rafael Antón Carratalá, abogados sindicalistas. Tras las declaraciones de los imputados y del joven de 14 años herido, el fiscal retiró los cargos y la causa fue sobreseida. Sin embargo no fueron en libertad porque tenían que ser juzgados por un Tribunal Militar, junto a otros 24 detenidos.

El Consejo de guerra se celebró también en Alicante, el 28 de agosto de ese mismo año. Pero eso ya es “harina de otro costal”.