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Un colectivo que ha sido objeto de atención y comprobación por parte de la Agencia Tributaria es el de los pensionistas residentes en España que perciben pensiones procedentes de otros países.

   Este colectivo lo forman aproximadamente un millón de pensionistas, y en él se incluyen tanto los pensionistas extranjeros que después de jubilarse se han venido a vivir a España, como los pensionistas españoles que han retornado a España después de haber sido emigrantes.

   Hasta hace pocos años, las pensiones procedentes del extranjero escapaban al control de la Agencia Tributaria española, y muchos pensionistas no las declaraban correctamente en su declaración de renta (IRPF) o simplemente no las declaraban. En muchos casos por desconocimiento, falta de información o confusión.

   Pero no pasaba nada, porque la Agencia Tributaria no se enteraba.

 

   Sin embargo, la normativa tributaria es clara: los contribuyentes residentes en España, españoles o extranjeros, deben declarar en su IRPF la totalidad de sus ingresos, sea cual sea su procedencia. Y si la pensión extranjera ha pagado impuestos en el país de origen, hay un mecanismo de desgravación en el IRPF español para evitar la doble tributación.

   En los últimos años han proliferado los acuerdos y convenios de intercambio de información tributaria entre países, y la información sobre pensiones extranjeras empezó a llegar a los ordenadores de la Agencia Tributaria española. A partir de ahí podemos imaginar lo que pasó después.

   En el año 2013 la Agencia Tributaria inició unos 28.000 expedientes de comprobación relacionados con pensiones procedentes del extranjero, que en relación con las 800.000 actuaciones totales es un porcentaje pequeño, pero no deja de ser significativo.

   Y la cosa fue a más, ya que se siguieron abriendo expedientes y, de acuerdo con la normativa fiscal, además de las cuotas tributarias se han exigido los correspondientes recargos, intereses y sanciones.

   La polémica ha estado en la calle, y también en el Congreso de los Diputados: el 14 de mayo de 2014 se producía un agrio enfrentamiento parlamentario entre el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro Romero, y el diputado socialista Antonio Hurtado Zurera. El diputado acusaba al Ministro de hacer caer la ley tributaria con todo su peso sobre este colectivo de casi  un millón de pensionistas, mientras que había mostrado benevolencia y comprensión con los 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012.

   Dado el calibre que estaba adquiriendo esta cuestión y por las características de las personas afectadas (pensionistas, edades avanzadas, con dificultad en muchos casos para conocer la legislación española y no tener en general grandes fortunas), el Gobierno de España incluyó una disposición adicional especial en el proyecto de Reforma Fiscal que se presentó en el Parlamento en junio de 2014, que finalmente se aprobó en noviembre de 2014 y que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

   Dicha disposición especial (disposición adicional única de la Ley 26/2014 que modifica el IRPF) establece un periodo improrrogable de seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2015, para que los pensionistas afectados presenten voluntariamente (si están obligados a ello y no lo hicieron en su momento) sus declaraciones de renta de los últimos cuatro años ya vencidos (2010, 2011, 2012 y 2013), o bien rectifiquen las declaraciones presentadas en su día, si son incorrectas o incompletas, todo ello sin recargos, ni intereses ni sanciones.

   También en dicho periodo de seis meses, los pensionistas que hasta ahora hayan sido objeto de comprobación por la Agencia Tributaria podrán solicitar la devolución de los recargos, intereses y sanciones que hayan pagado, o la anulación de los que estén pendientes de pago (es lo que se conoce legalmente como “condonación”).

   El pasado mes de febrero, la Agencia Tributaria envió más de 600.000 cartas a perceptores de pensiones procedentes del extranjero, para informarles de estas medidas especiales durante dicho plazo improrrogable de tiempo.

   No todos los que han recibido la carta están en situación irregular, ni estarán necesariamente obligados a presentar o rectificar sus declaraciones, sino que han sido informados de sus derechos y obligaciones, por si estas medidas especiales pudieran afectarles.

   Recordaremos aquí que los pensionistas cuya única fuente de ingresos sea su pensión o pensiones, y alguna de ellas proceda del extranjero, no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF de un año concreto cuando la pensión o la suma de las pensiones sea inferior a 11.200 euros anuales en dicho año. En caso de superar este límite de ingresos anuales tendrá obligación de presentar la declaración de renta de dicho año o años.

   En la página web de la Agencia Tributaria hay un apartado especial sobre esta cuestión de las pensiones extranjeras, y las personas afectadas podrán ser atendidas en cualquier oficina de dicho organismo público.

   Por tanto, las personas que perciban pensiones del extranjero tienen que informarse y analizar su situación personal para saber qué es lo que deben hacer, porque a partir del 30 de junio de 2015 “ya no habrá piedad”.

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Acerca del autor

Autor: Pablo Ciurana Moñino

Economista de profesión, aunque matemático y cantautor de vocación. Licenciado en Ciencias Económicas en 1987, desde entonces ejerzo como economista, dedicado al asesoramiento de empresas y particulares en el ámbito de los impuestos y la contabilidad. Creo que en la sociedad española falta formación económica y financiera, y debería promoverse tanto en los Colegios de Primaria como en los Institutos de Secundaria.

En los últimos años he dedicado algún tiempo a promover y difundir la banca ética (aunque parezca raro, existen algunos bancos éticos) y la economía de comunión (una nueva cultura empresarial). Los impuestos forman parte de nuestra vida y son importantes para mantener los servicios públicos, por lo que espero que este blog pueda servir para conocerlos mejor.

Algunos sitios web de interés:

Banca Ética – Fiare

Banca Ética - Triodos Bank

Economía de Comunión

Educación Cívico-Tributaria

Educación Financiera CNMV-BdE

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