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El Consejo de Ministros del pasado 17 de abril aprobó el esperado Proyecto de Ley que modifica la Ley General Tributaria con un triple objetivo:

Este Proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, para ser discutido y plantear enmiendas o mejoras, hasta que sea aprobado dentro de unos meses y se convierta en Ley.

Entre las novedades incluidas figura la de dar publicidad de los deudores de mayor cuantía: por motivos de interés general, y para combatir el fraude fiscal se autorizará la publicación anual de listados de contribuyentes con deudas y sanciones pendientes de pago superiores a un millón de euros.

También se regulará el acceso a la información contenida en las sentencias por fraude fiscal para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública.

Con estas dos medidas se da un paso importante para visibilizar a aquellas personas y empresas que tienen deudas elevadas sin pagar o que han cometido delitos contra la Hacienda Pública.

El resto de medidas que contiene este Proyecto de Ley van en la línea de los objetivos antes citados, ampliando las facultades de comprobación e investigación de la Agencia Tributaria, modificando procedimientos administrativos para hacerlos más eficaces o estableciendo nuevas sanciones por conductas artificiosas o fraudulentas.

Sin duda, todas estas modificaciones son positivas y necesarias, pero no son suficientes.

Para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida serían necesarias al menos dos cosas más:

En cuanto a lo primero, lo considero necesario porque en España tenemos mucho fraude fiscal y, sin embargo, somos uno de los países europeos con menos Inspectores de Hacienda por número de habitantes. Y el aumento de recaudación que se conseguiría sería sin duda mucho mayor que el aumento del gasto de personal.

En cuanto a lo segundo, para reducir el fraude es importante prevenir, y para ello tenemos que transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras e insolidarias.