El equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y Compromís se ha reunido durante la semana pasada con los vecinos de la Jaud para estudiar cómo paralizar la orden de derribo que existe sobre 117 viviendas. Ayer, 26 de junio, se realizó una reunión con los afectados por dicha orden, que deriva de un auto del Tribunal Supremo de Justicia que dio el pasado mes de diciembre un plazo de seis meses para legalizar la situación, periodo que expiró el 17 de junio de 2015. Las tres partes involucradas se plantean llegar a un acuerdo para suspender dicho derribo y proceder a la legalización de las viviendas.

La concejala de Urbanismo, Pilar Calpena y el edil de Hacienda, Amado Navalón, han mantenido reuniones con los alegantes de la primera exposición pública del PRI, con los demandantes que han pedido al Tribunal Superior de Justicia la demolición de 117 viviendas y con los afectados por dicha sentencia para informar y escuchar sus propuestas. La concejal de Urbanismo ha asegurado a este medio que hay "cierta positividad entre todas las partes, todos queremos llegar a un entendimiento para poder suspender la orden de derribo, pero todavía es pronto para afirmar nada, hay que esperar al acuerdo en firme que se decidirá esta semana".

Una de las soluciones que se ha expuesto desde el Ayuntamiento de Elda es la suspensión de la sentencia que recae sobre las 117 viviendas para iniciar un diálogo y llegar a un posible acuerdo que contente a todas las partes. Esta propuesta se llevará al Tribunal Superior de Justicia para que este proceda a su paralización con  la promesa de que se elaborará un nuevo PRI en consenso con todas las partes implicadas. Esta opción podría ser la más rápida y segura para conseguir la legalización que si se siguiese adelante con el actual Plan de Reforma Interior (PRI) de La Jaud, según se afirmó en una de las reuniones.

Calpena ha afirmado que "muchas personas están muy enfadadas por la problemática situación existente que ya dura 20 años, sin tener una ordenación de la zona que respete las implantaciones antiguas y sin que, en muchos casos, exista una urbanización adecuada". La edil ha dicho que ha "visto en las reuniones a gente con muchas ganas de acabar con esta situación absurda y quiero ayudarla apostando por buscar una fórmula conciliadora que puedan aceptar todas las partes".

Esta opción será estudiada por todas las partes, quienes decidirán si aceptarla o no y será esta misma semana cuando tomen la decisión. Según ha afirmado Calpena, de aceptar este diálogo, se suspendería por ahora el derribo, se pararía el PRI que actualmente se encuentra en fase de alegaciones y se desarrollaría uno nuevo para formalizar una  ordenación urbanística de la zona. Esto se llevaría a cabo a través de una comisión de trabajo en la que estarían representadas por todas las partes. 

Calpena ha indicado que las tres partes se mostraron en contra del PRI que se encuentra en exposición pública porque no se contó con ellos para llevarlo a cabo.