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El Senado aprobó la semana pasada el Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pretende intensificar la coordinación en la lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular. Esta ley fue defendida por la senadora por Alicante, Virginia Romero, y por el portavoz de Seguridad Social, José Blas Fernández y fue aprobada sin recibir ningún voto en contra.

Romero afirmó que "la actual Ley se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Públicas y prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección a la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad”.

La anterior ley databa de 1997 por lo que Romero destacó que "necesitaba una actualización para adaptarla al actual mercado laboral". Esta nueva ley "incluye la creación de una oficina para luchar contra el fraude, detectarlo y programar y ejecutar actuaciones de inspección y plantea también la coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas", según fuentes del Senado. 

La senadora resaltó que "se trata de una Ley de gran importancia institucional, con una gran participación de las Comunidades Autónomas" y añadió que "es una norma técnica, no política, por ello su contenido ha sido debatido y consultado con las organizaciones sindicales y los agentes sociales". Romero concluyó asegurando que "la elaboración de esta nueva Ley era necesaria para actualizar la normativa a las necesidades de la sociedad, ya que contribuirá decisivamente al mantenimiento de los derechos de los trabajadores".

En 2014 la Inspección de Trabajo realizó 1.161.895 actuaciones, de las cuales 648.119 fueron en materia de Seguridad Social; 306.221 en seguridad y Salud laboral; 124.382 en relaciones laborales; 34.660 en extranjería; 4.199 obstrucciones; 24.031 informes y 20.283 en materia de empleo.

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