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La senadora eldense del Partido Popular por Alicante y portavoz en la Comisión Especial de Estudio sobre el trabajo y la explotación infantil del Senado, Virginia Romero, ha destacado el trabajo realizado por dicha Comisión, y la unanimidad por la que se ha aprobado el Informe en el pleno del Senado. Así, ha asegurado que el Informe contiene recomendaciones para evitar la explotación infantil, “porque no podemos comercializar, importar y consumir productos en cuya fabricación se están explotando a niños”.

Virginia Romero ha puesto de manifiesto que en la actualidad, más de 200 millones de niños están siendo obligados a trabajar y más de 100 millones “realizan trabajos peligrosos, con riesgo para su propia vida y en condiciones infrahumanas, de precariedad. Además, decenas de millones de ellos no han cumplido los 10 años de edad”. 

“Lamentablemente –ha afirmado la eldense- en pleno siglo XXI existe una de las peores y más odiosas formas de esclavitud: el trabajo infantil y la explotación de niños”. En este sentido, la senadora del PP por Alicante ha señalado que los países occidentales “no podemos vivir ajenos a los hechos y acciones que atentan contra los derechos humanos y menos los que afectan a los niños”. 

Romero ha destacado que la Comisión ha puesto de manifiesto que España cuenta con mecanismos para garantizar el control y cumplimiento de la normativa sobre protección a la infancia y luchar contra esta lacra social. “Pero no debemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y a pesar de que existen instituciones y medidas para garantizar la ausencia de explotación laboral en nuestro país, necesitamos involucrar a todas las instituciones públicas y privadas para evitar la explotación infantil en el mundo”, ha señalado.

El Informe resalta la importancia de los sistemas de auditoría externos a la propia empresa, sistemas que verifiquen de manera imparcial el adecuado desempeño de las actividades empresariales desde el punto de vista social.

Además, el documento propone la habilitación de medidas en materia de importación de productos por las que se exija, como condición previa para la admisión de estos productos en nuestros mercados, la garantía de que han sido elaborados sin explotar a los menores.

La senadora del PP ha destacado la propuesta para poner en marcha por parte de las administraciones públicas competentes y a través de los medios de comunicación de titularidad pública, campañas sobre “consumo responsable”, advirtiendo de la posibilidad de consumo de productos cuyo origen pueda conllevar explotación infantil.

 

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