El problema urbanístico que arrastra Elda en el PRI La Jaud ha encontrado una solución después de que los integrantes de la Mesa Negociadora de Participación en el trámite del PRI hayan llegado a un acuerdo tras un año de intensas reuniones. Propietarios alegantes, demandantes en el proceso judicial y afectados por la anulación de la licencias del PERI Puente Nuevo han presentado una propuesta de ordenación al Ayuntamiento para resolver la paralización actual.

La edil de Urbanismo, Pilar Calpena, ha afirmado que "este es un paso fundamental para resolver los problemas urbanísticos de la zona" y ha querido reconocer "la voluntad incuestionable de todas las partes que han conseguido un acuerdo tras muchos años de disputas, no ha sido fácil llegar a este momento decisivo, las primeras reuniones fueron duras por la necesidad de expresar el enfado contenido por las tres partes durante muchos años, pero al final ha resultado un ejemplo gratificante de cómo, algunas veces, el diálogo con los interesados y afectados puede dar resultados positivos".

Para Calpena "es una cuestión fundamental que la propuesta de los propietarios es viable y se ajusta a la Modificación nº 73 del vigente PGOU aprobada por Conselleria, aunque sea necesario introducir algunos matices que serán fáciles de asumir por las partes".

La parte esencial de la solución que se ha trasladado al equipo redactor pasa por definir una trama compuesta por un viario secundario, que en dos casos será de doble dirección -para comunicar el viario primario de la Avenida del Mediterráneo con la Avenida de Ronda-, a través de la calle existente de Juan Terrades y de la nueva calle de Andrés Lloret, de 12 y 16 metros respectivamente, junto con las calles Cambridge y Francisco Tetilla de 12 metros y por un viario de nivel terciario con 10 metros de ancho, cuya finalidad será la de repartir el tráfico hasta cada una de las residencias de los vecinos, dando con ello continuidad a las calles existentes de los sectores 10 y 11 que ya están ejecutadas. En cuanto a las dotaciones se reservan los 15.000 m² para zonas verdes que exige el Plan General y los 4.500 m² de equipamiento escolar que solicita la Consellería de Educación.

Una vez finalice el equipo redactor su trabajo, se procederá a su exposición pública y pasará por pleno municipal, una vez aprobado se podrán conceder las licencias que fueron canceladas.

Con respecto al tratamiento de las viviendas existentes, Calpena entiende que "el Ayuntamiento está obligado a considerarlas como Actuaciones Aisladas con su parcela vinculada, ya que cuando la ley dice que será obligatorio este tratamiento no hay ninguna posibilidad de interpretar lo contrario y resulta ineludible su cumplimiento y ejecución, o sea, es imperativo por ministerio de la Ley”.