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29 NOV 2020 Fundado en 1956
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El colegio Sagrada Familia se ha mostrado públicamente contra la ley

El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves la Ley Celaá, con 177 votos a favor, uno más de lo que marca la mayoría absoluta. La octava ley educativa, LOMLOE, nace de nuevo sin consenso. La enseñanza concertada de Elda y Petrer se ha sumado a las protestas de su colectivo en toda España. 

La educación concertada considera que la ley atenta contra ella y se ha movilizado a favor de la libertad de elección de centro por parte de las familias recogida en la Constitución en su artículo 27.

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Los colegios concertados de Elda y Petrer consideran que, aunque explícitamente la LOMLOE no se manifiesta contra este tipo de enseñanza, “la ley tiene trampa porque si prohíben que los colegios cobren una aportación de los padres, no hay forma de sostener la limpieza o el mantenimiento de los centros, que corre a cargo nuestro”, aseguran.

Lo cierto es que la concertada le cuesta al Gobierno casi la mitad que la pública porque se cubren gastos con las cuotas que las familias aceptan pagar. Sin estas aportaciones se perderá parte de los servicios que ofrecen los centros y estos en algunos casos serán inviables. 

En el centro Santa María Del Carmen de Elda esta misma mañana se ha leído un manifiesto en contra “de que les quiten la libertad de elección a las familias, de que impidan que demos una educación con unos valores éticos y cívicos, unos valores fundamentales”, indica su directora Celestina Fernandes. Por otro lado, también cree que “vamos a perder alumnos al incluir la cercanía al centro como una de la claves de elección, eso hará que perdamos alumnos y, por tanto, profesores”. La directora afirma que “esta ley genera incertidumbre, tristeza y preocupación, sobre todo porque atenta contra las libertades de las familias”.

La oposición del colegio Sagrada Familia es pública y notoria, pues han colgado lazos naranjas en sus ventanas como signo de malestar ante esta ley. Desde el centro se han sumado a la campaña de recogida de firmas en contra de esta ley y la comunidad educativa lleva un lazo de color naranja en la solapa para hacer visible su descontento con la nueva ley. 

Por su parte, el director del colegio concertado Santo Domingo Savio, Juan Carlos Martínez Cañabate, afirma que es “una ley injusta, no dejan elegir libremente a las familias, además si eliminan las cuotas tendrán que aumentar la dotación a los centros concertados desde Conselleria, porque ese dinero se utiliza precisamente para cubrir los gastos a los que no llegamos con el dinero que nos da la Generalitat Valenciana”. Cañabate añade que “sin las cuotas el centro perdería numerosos servicios y eso afectará al alumnado”.

Por otro lado, Cañabate recalca que “quizá esta ley se haya hecho pensando en los centros elitistas y no en los modestos, también pensando en los que excluyen por sexos o los que son religiosos, lo cierto es que Santo Domingo Savio es laico y modesto, vamos a pagar justos por pecadores y no lo veo correcto”.

Educación especial

Otra de las claves de la llamada Ley Celaá es que establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Esta medida se ve con prudencia por parte de las familias afectadas. La secretaria del AMPA del colegio de educación especial Miguel de Cervantes de Elda, Noemí Martínez, afirma que “todo está muy polarizado, de momento no sabemos nada a ciencia cierta más que las opiniones sesgadas, hemos pedido una reunión con el conseller de Educación, Vicent Marzà, pero de momento no ha sido posible, por tanto tenemos cierta angustia por la falta de información”.  

La directora del centro, Nuria Vico, señala que "las noticias que nos llegan son tranquilizadoras, nosotros trabajamos por la inclusión y nos parecen bien las medidas en este sentido. Este centro no se verá afectado, pues atendemos alumnos de hasta 21 años, además somos el cuarto colegio de educación especial más grande de la Comunidad Valenciana y por tanto, la continuidad está asegurada". 

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