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Pedro Payá con un ejemplar de su libro sobre la represión franquista.

El director de la Sede Universitaria de Petrer y profesor de la Universidad de Alicante, Pedro Payá López, presenta el jueves 25 de enero en la Fundación Paurides su libro Violencia y responsabilidad. La represión judicial franquista en el ámbito local. La presentación correrá a cargo del director del Teatro Castelar de Elda, Juan Vera Gil.

¿Qué aporta su libro respecto a otros sobre este periodo histórico español?

El franquismo es uno de los temas más estudiados por la historiografía española en los últimos treinta años. Más concretamente, se ha avanzado mucho en el estudio de la represión, para el que, además, se han incorporado postulados teóricos y metodológicos de la historiografía internacional, que ya antes se había ocupado del estudio de regímenes de dictadura como la Alemania nazi o la Italia fascista. Nosotros tuvimos que esperar al final de la dictadura y la consolidación democrática para poder estudiar un tema tan importante y que tanto sufrimiento causó y sigue causando hoy como es el de la represión y los desaparecidos. Lo que aporta este libro es un conocimiento a pie de campo del funcionamiento de los procesos sumarísimos y consejos de guerra, principal instrumento con el que el régimen de Franco llevó a cabo la represión. Hasta 2008 los archivos militares permanecieron cerrados a los investigadores, razón por la que todavía no habíamos podido estudiar este aspecto, que es fundamental para entender no solo la represión, sino la propia naturaleza del régimen de Franco, pues la represión fue algo sistémico.

¿Qué implicación tuvieron las comunidades locales en la eliminación de vecinos?

Las fuentes judiciales, hasta ahora escasamente trabajadas, nos permiten estudiar la violencia desde abajo, como también se ha realizado en la historiografía europea que ha estudiado la violencia política en el periodo de entreguerras. No es un secreto que las dictaduras fascistas contaron con una importante colaboración ciudadana, y salvo contadas excepciones, en la historiografía española carecíamos de estudios como este, que muestran la verdadera implicación que tuvieron las comunidades locales en la eliminación de sus vecinos. De hecho, no es un libro de historia local, sino de microhistoria. Se ha reducido la escala de observación para tratar de responder a preguntas que la historiografía que se ocupa del estudio del régimen de Franco todavía no se había hecho. De ahí que el estudio local sea una cuestión de metodología, pues aparece como el universo de análisis más apropiado para responder a este tipo de cuestiones. Lo que nos muestra un enfoque local es que las comunidades locales, los vecinos, fueron una pieza básica del funcionamiento de la justicia militar, pues sobre sus declaraciones se «fundamentaban» las condenas de los consejos de guerra, entre ellas, por supuesto las de pena de muerte. No había pruebas periciales, ni documentales, solo testificales, y era suficiente con la declaración de dos vecinos para que se condenara a muerte a un acusado. Se trataba de dar una apariencia de justicia a lo que no era sino limpieza política.

Es lo que denomino las dos agencias de la represión: Estatal (Juzgados militares, jueces de instrucción, consejos de guerra) y local (autoridades y vecinos). De tal forma que podemos afirmar que la represión judicial militar franquista fue el resultado de un proceso conjunto en el que intervinieron estos dos niveles de agencia.

¿Qué nexo de unión había entre estas dos agencias?

La delación y la denuncia. Intercambio información por violencia, los objetivos de la política estatal y las motivaciones de los colaboradores locales quedaron perfectamente complementados. O, por decirlo con otras palabras, justicia depuradora y venganza privada se complementaron para dar forma y éxito aplastante a una operación de limpieza política que ya estaba en el origen del golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936.

¿Cómo se desarrollaron los procesos sumarísimos en las localidades de la comarca?

Los procesos sumarísimos y las sentencias de los consejos de guerra en las que concluyeron, creo que es importante decirlo, en ningún caso probaron los hechos, de ahí que debamos considerar los hechos como atribuidos. Como le digo, con la declaración de dos vecinos era suficiente. Desde esta constatación, la justicia militar tiene al menos cinco características que la definen en su funcionamiento de hecho: militarización absoluta (los miembros del consejo de guerra no eran jurídicos; es decir, no tenían por qué tener conocimientos en derecho), acortamiento al máximo de los plazos, ausencia de neutralidad, desinterés por el conocimiento de los hechos (se trataba de atribuirlos, no de probarlos), y carácter vindicativo.

¿Qué localidades estudia en su libro?

El libro no estudia únicamente Petrer, sino las localidades del antiguo partido judicial de Monóvar: Elda, Monovar, Petrer, Pinoso, Algueña y Salinas. Dentro de una lógica común, la casuística varió en función de las características socioeconómicas y políticas de cada localidad, de la conflictividad vivida en los años treinta y la guerra civil y, claro, también jugó su papel el elemento individual, la contingencia con algunos individuos que se implicaron especialmente y sin cuya acción podemos afirmar que el número de víctimas habría sido menor. Mientras en Elda funcionó más lo que he denominado red de informantes, en Petrer, la represión, en lo que la agencia local se refiere, estuvo capitaneada por el comandante del puesto de la Guardia Civil, sobre quien cerraron filas autoridades y vecinos. Ahora bien, es importante señalar que no podemos reducir el resultado final de la represión a elementos individuales. En esta historia de odios y venganzas, de rencillas y aprovechamiento ilícito que había detrás de muchas denuncias, hay un protagonista más allá de los comportamientos individuales: un Estado empeñado en extender el control social y la represión hacia un enemigo genérico contra el que todo valía. Si existía la posibilidad de obtener un beneficio particular mediante el acto de denunciar, era porque también beneficiaba al régimen. Dejar hacer, siempre que no perjudicara a la política del Estado y permitiera asfixiar a los opositores potenciales, se convirtió en toda una política de orden y control público presidida primero por el terror y después por el temor y la incertidumbre derivadas de este.

¿Se sabe a cuántas personas mataron en Elda y Petrer en aquella época?

Por supuesto, en su momento la Tesis doctoral del profesor Miguel Ors sobre la represión de guerra y posguerra en la provincia de Alicante sacó a la luz todas las cifras: las víctimas de la represión durante la guerra en el partido judicial fueron setenta y cinco. Después, en la posguerra, aunque el profesor Ors constató setenta y tres, mi estudio las ha elevado a noventa y tres. La oscilación tiene que ver con el hecho de que en mi caso pude contar con más fuentes. Pero, aunque las cifras son muy importantes, pues tienen nombres y apellidos, mi libro ha tratado más sobre las dinámicas, actitudes, motivaciones y formas variadas de responsabilidad que hay detrás de esas muertes. También ha dado voz a las víctimas desde dentro, pues gracias a la aportación de sus familiares he podido contar con distinta correspondencia que escribieron desde la cárcel momentos antes de ser fusilados.

¿Ha querido desentrañar acontecimientos locales que tal vez no estaban muy claros?

La mayoría de ellos no estaban claros, precisamente por la imposibilidad de consultar los archivos militares hasta 2008 como consecuencia de la entrada en vigor de la conocida como Ley de Memoria Histórica.

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