EL TSJ declara nulo el PRI de La Jaud pero las viviendas no corren peligro
La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el Plan de Reforma Interior (PRI) que fue aprobado en 2018 por el consistorio. El edil de Urbanismo, Eduardo Timor, quiere enviar un mensaje de tranquilidad a la familias, pues esto "no significa que las 118 viviendas de la zona corran peligro, estas ya son legales y no se podrán derribar". Por su parte, el Partido Popular ha mostrado su preocupación al respecto.
El portavoz popular, Fran Muñoz, ha lamentado que "de nuevo los vecinos de La Jaud vuelven a no dormir tranquilos y desde los distintos grupos tenemos que alcanzar una solución consensuada que resuelva de una vez esta situación". Muñoz ha indicado que "tendemos la mano al alcalde para ir juntos a defender este tema donde haga falta. La tranquilidad de 118 familias con una sentencia de derribo y del resto de afectados del PRI que llevan más de 25 años de litigios, depende de que nos pongamos de acuerdo y encontremos una solución que satisfaga a las partes". Por este motivo han solicitado una reunión con el alcalde, Rubén Alfaro, el edil de Urbanismo, y los técnicos competentes para analizar este problema.
El concejal de Urbanismo ha señalado que "no hay nada que temer, en cuanto conocí el auto, me reuní con los técnicos y la asesoría jurídica, mi primera pregunta fue si las viviendas corrían peligro, y no es así. Esto significa que, de momento, no se pueden dar nuevos permisos de construcción, pero las viviendas actuales no se podrán derribar". Por este motivo quiere enviar un mensaje de tranquilidad a las familias.
Timor señala que el auto anula el PRI porque indica que falta un documento, la Memoria de sostenibilidad económica "pero entendemos que sí está adjuntado, no entendemos si falta algo en dicho informe o no se ha detectado, por ello se ha pedido una aclaración, una vez la tengamos, podremos o bien recurrir al tribunal superior o realizar un nuevo PRI basado en la ley actual, pues del que hablamos está basado en la ley antigua, puesto que este problema se remonta más de 20 años".
Historia
Este es un viejo problema que surgió en 1995 y que desde las distintas corporaciones se ha tratado de solucionar con diversas propuestas urbanísticas. En 2018 el gobierno conformado por PSOE y Compromís legalizaron el tema a través de la Junta de Gobierno, paso previo imprescindible para que sea ahora el Tribunal Superior de Justicia el que decida.