Una Comisión encabezada por la abogada eldense Celia Carbonell propone la reforma de la ley para indemnizar a los condenados injustamente

Una comisión integrada por especialistas jurídicos de la que forma parte la abogada eldense Celia Carbonell, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Buscan “subsanar una omisión técnica" que impide que cientos de personas que cumplen condenas injustas sean resarcidas de forma efectiva por el Estado.Carbonell defendió a Ahmed Tommouhi, quien estuvo 16 años en prisión por una condena que no cometió. En 2021 comenzó el proceso y ha ido consiguiendo la anulación de las diferentes sentencias.

La abogada ha instado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. La Audiencia Nacional dictó sentencia desestimatoria por "la inexistencia de un error judicial ostensible y manifiesto". En la actualidad, el asunto se ha elevado al Tribunal Supremo y el pronunciamiento de la Sala sería el primero que se conoce en este tipo de asuntos.

Actualmente la ley reconoce el derecho a indemnización a quienes sufren prisión preventiva y son absueltos. Sin embargo, quienes cumplen prisión tras una sentencia firme y es anulada por el Tribunal Supremo, el camino hacia la reparación es complicado porque exige demostrar una negligencia judicial grave. "Es una contradicción flagrante: el Estado asume su responsabilidad cuando priva de libertad legalmente de forma cautelar, pero pone barreras insalvables cuando el error es mayor y la privación de libertad es definitiva", dijo la propia abogada.

La reforma se apoya en el denominado “Bloque de Convencionalidad” y sostiene que España incumple de forma sistemática el Protocolo nº 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con estos tratados internacionales, la simple anulación de una condena debería conllevar automáticamente el derecho a una indemnización para el afectado, sin que sea necesario probar dolo o culpa por parte del juez que dictó la sentencia.